Los nuevos valores de la tasa fueron determinados a través de las ordenanzas fiscal e impositiva votadas hace más de un mes por el Concejo Deliberante, tras un largo proceso de debate.
Los contribuyentes ya comenzaron a recibir en sus domicilios las últimas boletas de la Tasa de Servicios Urbanos, las cuales además de incluir el último aumento impulsado por la gestión del intendente Carlos Arroyo contienen una nota que describe de qué manera el municipio exigirá el cobro de los “ajustes” por las diferencias no pagadas en lo que va de 2018.
Según se indica en el texto, a partir del mes en curso, durante el cual ya se reclama el pago de la cuota anual número 7, los vecinos deberán pagar también y de manera simultánea un adicional para compensar lo no aportado durante los primeros 6 meses del año, situación que se mantendrá hasta diciembre próximo inclusive.
La nota también explica que para quienes decidan realizar ahora el pago anual, la comuna emitirá una única boleta con las cuotas 7 a 12 con sus valores actualizados, a lo que se le agregará el proporcional del ajuste correspondiente a los períodos 1 al 6.
De este modo, se indica en el texto, quienes decidan cancelar la TSU de esta manera recibirán una bonificación.
Los nuevos valores de la tasa fueron determinados a través de las ordenanzas fiscal e impositiva votadas hace más de un mes por el Concejo Deliberante, tras un largo proceso de debate.
Entre otras medidas, en esos proyectos el Ejecutivo determinó aplicar una suba generalizada en los valores de la tasa, con un impacto diverso entre sus 420 mil contribuyentes.
A pesar de que en su momento el intendente Carlos Arroyo había prometido que la suba sería de un 24% en promedio, lo cierto fue que en el transcurso del debate de la propuesta, quedó en evidencia la inexactitud de esa cifra.
Los cambios introducidos en los valores de la fórmula mediante la que se calcula de la TSU, provocaron que el aumento promedio ponderado resultara muy superior a ese, especialmente en el caso de los terrenos baldíos.
Para la oposición, que rechazó la aprobación de los proyectos, el aumento real habría sido en promedio de un 267% para las propiedades edificadas, con subas que en algunos casos treparían a una media del 877%.